Activistas LGBTQ+ en Colombia alertan ante posibles retrocesos en derechos: “No dejaremos de existir”

Organizaciones y activistas LGBTQ+ colombianos preparan una nueva etapa de defensa de derechos ante el giro político del país. Aunque Colombia cuenta con importantes avances legales, existe preocupación por posibles cambios en educación, salud y políticas de diversidad.

La comunidad LGBTQ+ de Colombia vuelve a mirar con atención el escenario político del país. Organizaciones y activistas han advertido sobre el riesgo de retrocesos en derechos y políticas de inclusión tras el cambio de gobierno y el avance de posiciones conservadoras en el debate nacional.

El llamado de las organizaciones es claro: los derechos conquistados durante las últimas décadas no están dispuestos a ser negociados.

“No dejaremos de existir” es una de las frases que resume el mensaje de resistencia de los colectivos LGBTQ+, que aseguran estar preparados para defender los avances conseguidos mediante años de movilización social y decisiones judiciales.

Colombia ya tiene importantes derechos LGBTQ+

El país ha sido considerado durante años uno de los referentes latinoamericanos en materia de reconocimiento de derechos para las parejas y familias del mismo sexo.

En 2015, la Corte Constitucional reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar en igualdad de condiciones. Un año después, en 2016, el alto tribunal dio luz verde al matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Estos avances no fueron producto de una única decisión política, sino del trabajo sostenido de organizaciones sociales, activistas y abogados que llevaron diferentes casos ante los tribunales colombianos.

Por eso, organizaciones como Colombia Diversa consideran que existe hoy una mayor conciencia social sobre los derechos LGBTQ+ y una red de personas y colectivos dispuestos a defenderlos.

La preocupación está en las nuevas políticas

El escenario político ha cambiado y con él también las preocupaciones de las organizaciones de diversidad sexual.

Los activistas observan con especial atención las futuras políticas relacionadas con la educación sexual, la protección frente a la discriminación, la salud de las personas trans y las políticas públicas destinadas a la población LGBTQ+.

Uno de los puntos que genera preocupación es el discurso político centrado en la llamada “familia tradicional” y las posiciones conservadoras frente a temas como la adopción por parejas del mismo sexo.

Para los colectivos, el problema no se limita a una eventual modificación de una ley. También existe preocupación por lo que pueda ocurrir con programas educativos, instituciones y políticas públicas que durante los últimos años han buscado combatir la discriminación.

La educación vuelve a estar en el centro del debate

Uno de los temas que más preocupa a los defensores de derechos LGBTQ+ es el futuro de las políticas de inclusión dentro de las escuelas.

El caso de Sergio Urrego, un adolescente que murió por suicidio después de sufrir acoso y discriminación en su colegio debido a su orientación sexual, continúa siendo uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra la discriminación en Colombia.

Su caso provocó una importante respuesta institucional y llevó a la Corte Constitucional a ordenar cambios en los manuales de convivencia escolar para eliminar normas discriminatorias relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género.

Para las organizaciones LGBTQ+, mantener este tipo de políticas es fundamental para evitar que nuevas generaciones vuelvan a enfrentarse a situaciones similares.

Una batalla que también preocupa al resto de América Latina

Lo que ocurre en Colombia forma parte de un debate mucho más amplio en América Latina.

En distintos países de la región, los derechos LGBTQ+ se han convertido nuevamente en un tema de fuerte disputa política. Discursos relacionados con la “defensa de la familia”, la oposición a la denominada “ideología de género” y la protección de la infancia son utilizados cada vez con mayor frecuencia en debates sobre educación, diversidad y derechos sexuales y reproductivos.

Un análisis publicado recientemente por El País señala que estas narrativas han adquirido una dimensión regional y que diferentes movimientos políticos comparten estrategias y discursos contra las políticas de género y diversidad.

En este contexto, Colombia representa un caso particularmente relevante: es un país que ya ha reconocido derechos importantes para las personas LGBTQ+, pero que ahora enfrenta un nuevo escenario político en el que las organizaciones deberán permanecer vigilantes.

“Ya no estamos solos”

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, sostiene que el movimiento LGBTQ+ cuenta actualmente con una base social mucho más amplia que años atrás.

La activista destaca que familiares, organizaciones sociales y otros sectores de la sociedad se han sumado a la defensa de los derechos conquistados.

Ese respaldo puede convertirse en uno de los principales factores para evitar retrocesos.

Para la comunidad LGBTQ+ colombiana, el desafío ahora consiste en defender lo conseguido sin perder de vista las nuevas demandas de igualdad, especialmente en materia de educación, salud, seguridad y protección frente a la discriminación.

Los derechos LGBTQ+ vuelven al centro de la política

La situación colombiana deja una pregunta que trasciende sus fronteras: ¿qué ocurre cuando derechos que parecían consolidados vuelven a convertirse en una herramienta de disputa política?

Para los colectivos LGBTQ+, la respuesta pasa por mantenerse organizados y defender los avances alcanzados.

Colombia ya recorrió un largo camino para reconocer derechos de las parejas del mismo sexo y proteger a las personas LGBTQ+ frente a la discriminación. Ahora, sus organizaciones aseguran estar preparadas para una nueva etapa.

Y el mensaje que quieren dejar es contundente: los derechos conquistados no desaparecerán en silencio.